Este mes de junio se cumple un año desde que la Audiencia Nacional española
decidió cerrar cautelarmente la web Burlataherria.org
bajo la acusación de “enaltecimiento del terrorismo”. Además la fiscalía solicita
la pena máxima para su gestor, quien se enfrentará a una condena de dos años de
cárcel y ocho de inhabilitación absoluta en un juicio que se celebrará en
diciembre.
Esta actuación es una más en la larga lista de agravios contra la libertad
de expresión. Sin ningún tipo de garantías jurídicas se cerraron periódicos
como Egin y Egunkaria, revistas como Ardi
Beltza o Kale Gorria, radios como
Egin Irratia, y recientemente webs
como Apurtu o Ateak
Ireki, esta última a quien
ya se señalaba en las acusaciones contra Burlataherria.
La persecución de ideas continua muy activa desde este tribunal de
excepción. Así se acosan las opiniones disidentes en las redes sociales e Internet;
se persiguen las muestras de solidaridad con las personas represaliadas; se
encarcela a manifestantes y huelguistas o se prohíben y violentan todo tipo de protestas
legítimas. Las vulneraciones de derechos son tales que un Informe de Amnistía Internacional señala que “el
derecho a la protesta está amenazado en el Estado español”, acusando a sus autoridades
del uso indiscriminado de multas, del uso desmedido de la fuerza y de la
impunidad policial ante los abusos que cometen, lo cual está limitando el
derecho a la libertad de expresión y reunión.